La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enviadas al Congreso a inicios de mes por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reformas plantean la creación de nuevas secretarías y dependencias, así como la redefinición de ciertas estructuras gubernamentales.

Entre las modificaciones destaca la creación de la Secretaría de las Mujeres, que sustituirá al Instituto Nacional de las Mujeres y estará a cargo de Citlalli Hernández Mora. Se establecerá además la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, reemplazando al Conahcyt, bajo la dirección de Rosaura Ruiz Gutiérrez. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, liderada por José Antonio Peña Merino, también forma parte de las nuevas dependencias, con un enfoque en la gestión de datos y tecnologías digitales. Además, la Secretaría de la Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro Sánchez.

Las reformas incluyen también la expansión de atribuciones para varias secretarías clave, como la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Relaciones Exteriores (SRE), Medio Ambiente (Semarnat), Agricultura (Sader), Infraestructura (SICT), Salud (SSa) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Otro cambio significativo es la sustitución del término “presidente de los Estados Unidos Mexicanos” por “persona titular del Ejecutivo Federal”, junto con el traslado del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) a la Secretaría de Gobernación.

Reformas administrativas plantean ajustes en transparencia y eficiencia

El bloque oficialista, conformado por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió las reformas argumentando que impulsarán la eficiencia y transparencia en la administración pública. “Estas reformas promueven el progreso nacional y fortalecen la soberanía”, afirmó José Luis Sánchez González, diputado del PT, subrayando la necesidad de estas modificaciones para optimizar el funcionamiento del gobierno.

La oposición, aunque coincidió en algunos aspectos, expresó preocupación por la falta de un presupuesto claro para implementar los cambios. Eva María Vásquez Hernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó su respaldo general a la reforma administrativa, aunque resaltó la importancia de garantizar un financiamiento adecuado. Además, representantes del PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reestructuración podría afectar la autonomía de las nuevas instituciones.

El priista Andrés Mauricio Cantú Ramírez sostuvo que, aunque las instituciones requieren fortalecimiento, cualquier ajuste de esta magnitud debería estar respaldado por un análisis presupuestal detallado para evitar repercusiones negativas en los recursos públicos. Otros legisladores también alertaron sobre el riesgo de que la Agencia de Transformación Digital pudiera ser usada para fines políticos o de vigilancia no deseada.

Finalmente, la diputada panista Nancy Olguín Díaz expresó que las nuevas secretarías deben operar con imparcialidad y no convertirse en herramientas partidistas. “Nuestro respaldo depende de que estas dependencias permanezcan libres de manipulación política”, advirtió, haciendo eco de las inquietudes opositoras sobre el riesgo de centralización y uso partidista en los nuevos organismos.