El estado de Quintana Roo ha dado un paso significativo hacia el control del desarrollo inmobiliario irregular, gracias a una reforma clave a su Ley de Equilibrio Ecológico. Esta medida, promovida por el Congreso Local conformado en su mayoría por diputados de morena y promulgada en octubre, ya muestra resultados tangibles: las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aumentaron un 50% en el sector inmobiliario, según datos oficiales.

Carlos Manrique, director de Impacto Ambiental del gobierno estatal, explicó que el cambio legal ha incentivado una mayor formalidad en los nuevos proyectos. “Antes recibíamos entre 10 y 15 solicitudes mensuales. Tras la publicación de las reformas, octubre cerró con 22 peticiones. Este incremento es un paso positivo para frenar los desarrollos irregulares”, destacó.

Aunque los proyectos construidos antes de la reforma no están obligados a cumplir con las nuevas disposiciones debido a la no retroactividad de la ley, las autoridades han iniciado revisiones para garantizar que estas obras cumplan con las normativas vigentes en su momento. En caso de irregularidades, se podrían tomar medidas legales.

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Manrique subrayó que las modificaciones no solo refuerzan el marco legal, sino que también envían un mensaje a otras entidades sobre la importancia de modernizar la legislación ambiental para proteger los ecosistemas estratégicos.

El funcionario también reconoció los retos que aún enfrenta el sector. “Existe un mercado inmobiliario informal que avanza rápidamente sin cumplir con los requisitos legales. Pero con las reformas aprobadas, esto está llegando a su fin”, aseguró.

Además, el gobierno estatal está trabajando en nuevas propuestas para perfeccionar la Ley de Equilibrio Ecológico, con el objetivo de evitar prácticas que puedan dañar áreas protegidas o vulnerar la legalidad en el desarrollo inmobiliario.

La reforma, aprobada por el Congreso local en agosto, introdujo cambios a los artículos 24, 37 y 45 bis de la ley, con el propósito de garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano. De acuerdo con Jorge Sanén, presidente de la Jugopo del Congreso, estas acciones son parte de un esfuerzo integral para equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental.

Quintana Roo, uno de los estados con mayor presión urbanística en el país, parece haber encontrado una vía efectiva para ordenar su crecimiento y salvaguardar su invaluable patrimonio natural.