El anuncio de la eliminación del estatus de exención «en tránsito» para los pasajeros de cruceros en México ha generado una intensa controversia en los sectores turístico y portuario del país. A partir de 2025, los pasajeros que lleguen por vía marítima deberán abonar un impuesto de 42 dólares, una medida que podría tener efectos significativos en la industria.

En respuesta a las inquietudes planteadas por los actores del sector, el senador de Morena Eugenio «Gino» Segura presentó una reserva en el Senado con la intención de posponer la entrada en vigor de esta medida por 180 días. Segura, quien asumió recientemente la presidencia de la Comisión de Turismo del Senado, explicó que su propuesta busca evitar impactos negativos en el turismo de cruceros, una actividad clave para estados como Quintana Roo, Baja California y Guerrero.

El legislador señaló que la prórroga permitiría una transición más gradual y daría tiempo tanto a las líneas de cruceros como a los puertos mexicanos para adaptarse a los nuevos cambios. “Este ajuste pretende equilibrar las necesidades de recaudación fiscal con la protección de sectores estratégicos para la economía. Queremos evitar una afectación directa en destinos que dependen de la llegada de turistas vía crucero y preservar los empleos que genera esta industria”, afirmó.

El cobro ha sido duramente criticado por la Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), que agrupa a algunas de las mayores navieras del mundo, como Royal Caribbean y Carnival. A través de una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, la FCCA advirtió que este nuevo impuesto haría a México un destino considerablemente más caro que los puertos del Caribe, con un incremento de hasta 213% en comparación con el promedio de la región. Además, las navieras señalaron que esta medida podría llevarlas a cancelar rutas hacia el país, afectando a más de 10 millones de pasajeros y 3,300 escalas programadas para 2025.

El impacto no solo se sentiría en el número de turistas, sino también en la economía local. Según la FCCA, el turismo de cruceros representa más de 1,000 millones de dólares anuales en ingresos para México, genera más de 20,000 empleos y representa hasta el 40% del PIB de regiones como Quintana Roo.

Los destinos más afectados serían Cozumel y Mahahual, dos de los principales puertos de recepción de cruceros en Quintana Roo. Las navieras también advirtieron que la medida podría desincentivar futuras inversiones en infraestructura portuaria y proyectos de desarrollo turístico en el país.

Por su parte, el Senado continúa deliberando sobre la propuesta de Segura, quien ha subrayado la importancia de encontrar un equilibrio entre los ingresos fiscales y la competitividad de los puertos mexicanos en la industria de los cruceros. «Queremos mantener a México como un destino líder en turismo sin sacrificar la estabilidad económica de las comunidades que dependen de esta actividad», concluyó el senador.

La discusión sobre el aplazamiento de esta medida sigue abierta, y su resolución será determinante para el futuro de la relación entre México y la industria de los cruceros.