El gobierno de Quintana Roo inició diálogos con la Federación para abordar las implicaciones del cobro de 42 dólares por crucerista, aprobado recientemente por el Congreso de la Unión. Este impuesto, que afecta a un sector que representa más del 50% de la economía estatal, ha generado preocupación por su posible impacto en la competitividad de destinos como Cozumel y Mahahual.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa informó que ya se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Turismo federal, además de encuentros con navieras y la Asociación de Cruceros de Florida (FCCA). “Estamos trabajando con ellos. Avanzamos en una reunión virtual con diversas instancias federales, y hemos recibido retroalimentación positiva”, señaló.

Lezama detalló que se está elaborando una ficha técnica para presentar a la Presidencia, con el objetivo de destacar las vulnerabilidades del estado frente a este nuevo impuesto y defender su competitividad turística. Aunque el cobro estaba estipulado en la ley, los cruceristas que permanecían en los puertos por menos de seis horas estaban exentos, como ocurre en los principales destinos del estado.

Por su parte, Eugenio Segura Vázquez, presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, propuso un Decreto de Estímulos Fiscales que retrase la implementación del cobro durante los primeros seis meses de 2025 y lo aplique de forma progresiva a partir del segundo semestre. Según el legislador, esto permitiría mantener el flujo turístico mientras se ajustan las condiciones para la recaudación.

En tanto, Verónica Salinas Mozo, titular de la Secretaría del Trabajo estatal, subrayó la importancia de la industria de cruceros en la generación de empleo en Cozumel y Mahahual, donde se estima que se crean 400 empleos directos e indirectos vinculados a la llegada de estas embarcaciones. “El turismo de cruceros dinamiza la economía local y crea una red de actividades en estos destinos”, afirmó.

A pesar de las inquietudes, la gobernadora confía en que las conversaciones con las autoridades federales y las navieras derivarán en acuerdos que garanticen tanto la recaudación como la competitividad del estado. «Estamos avanzando, y el diálogo nos llevará a buen puerto», concluyó.