El Senado de la República aprobó una reforma al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. A partir de esta medida, quienes cometan extorsión, tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, actividades ilícitas con precursores químicos, contrabando y emisión de comprobantes fiscales falsos enfrentarán automáticamente prisión preventiva.

La reforma, avalada con 94 votos a favor y 34 en contra, obliga a los jueces a ordenar la detención automática para los delitos señalados. La senadora Lucía Trasviña, del partido Morena, defendió la medida argumentando que permitirá frenar la reincidencia delictiva: «Permitir que un extorsionador o productor de drogas sintéticas permanezca libre mientras enfrenta un juicio es condenar a nuevas víctimas».

El contrabando y la falsificación de comprobantes fiscales también fueron incluidos al considerarse actividades sistemáticas y organizadas con alto impacto económico. Sin embargo, el bloque opositor mostró su rechazo, señalando riesgos potenciales. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma podría ser utilizada con fines políticos: «En un país donde cada día es más fácil fabricar delitos y construir culpables, esta medida incrementa la vulnerabilidad ciudadana».

Por su parte, el senador Marko Cortés, del PAN, presentó datos sobre las implicaciones de esta figura jurídica: “El 70% de los mexicanos encarcelados bajo prisión preventiva oficiosa resultaron no ser culpables, pero el Estado destrozó sus vidas”.

A pesar de las críticas, la mayoría parlamentaria justificó la reforma citando los altos índices delictivos y la necesidad de proteger a las víctimas. Según el senador Héctor Huerta, la prisión preventiva busca evitar que los acusados evadan la justicia, aunque reconoció que existen riesgos: «Esta medida tiene una naturaleza social, aunque exista el peligro de privar de libertad a inocentes».

El decreto ahora será remitido a las legislaturas estatales para su discusión y eventual ratificación. La reforma podría cambiar el panorama judicial del país en un contexto donde los derechos humanos y la eficacia del sistema de justicia penal permanecen en el centro del debate.